47.500 millones de euros. Casi el doble de lo que nos gastamos el año pasado en pagos a los desempleados. Esa es la cantidad que, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, los españoles estamos malgastando por las ineficiencias en las que incurre el sector público cuando sale de compras. Nada menos que el 4,6% del PIB de nuestro país. Y es que no saber comprar cuando eres el que más compras –recordemos que según la propia CNMC la contratación pública representa el 18,5% del PIB, esto es, unos 194.000 millones de euros– es para hacérselo ver.
El informe de la CNMC que presentó hace algunas semanas su Presidente, José María Marín Quemada, señala que, pese a las mejoras regulatorias introducidas tanto en España como en Europa, persisten los problemas estructurales en la contratación pública, problemas que en numerosas ocasiones no permiten garantizar el mantenimiento de la concurrencia efectiva en los mercados. En este sentido, el organismo supervisor añade que cuando la competencia falla, hay invariablemente una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos, siempre escasos y costosos.
«Es por ello que el ‘super-regulador’ considera que el sector público en España debe autoimponerse una contratación pública cada vez más transparente, pro-competitiva y económicamente eficiente, en beneficio de los ciudadanos, de las empresas y de las propias Administraciones Públicas.»
En este sentido, ve necesario, dentro de la contratación pública, que se mejore el acceso a la información para los licitadores y que haya más transparencia y publicidad de procedimientos para facilitar un mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.
El documento también pide que se evalúe la eficiencia económica y la competencia efectiva, tanto por parte del órgano de contratación -que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido-, como por parte de un organismo externo especializado.
Además, defiende un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información, por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones y globales que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados. Asimismo, aboga por que haya una mayor cooperación administrativa con el fin de reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos. La CNMC pide que se simplifiquen los procedimientos en la contratación pública, con el uso de procedimientos electrónicos y con la reducción de la dispersión normativa de la materia.
Cuando desde esta misma tribuna hemos abogado desde hace años por la eficiencia en las compras públicas, no deja de ser satisfactorio que se extienda el convencimiento de que hay que hacer algo en esta cuestión. Sin embargo, el informe de la CNMC, acertando en el diagnóstico, incurre en el mismo error que también hemos denunciado en el pasado que no es otro que la insistencia en que sea el sector público el que tenga que encargarse de sus propias compras.
«Adquirir el expertise necesario para reducir esos 47.500 millones de euros a cero sería tremendamente oneroso para el sector público, más aún cuando las mejoras que incluye el informe de la CNMC se podrían resumir en una sola: que el sector público compre como ya lo hace el sector privado.»
Siendo esto así, cabría pensar si no sería más oportuno abrir la puerta a la iniciativa privada, como ya se ha hecho en otros ámbitos del sector público en los que el sector privado ha probado una mayor eficiencia. Externalizar las compras del sector público a operadores privados expertos en compras permitiría enjugar buena parte de esos 47.500 millones de euros, existiendo margen sobrado para que la remuneración por dicha actividad fuera vinculada al éxito del ahorro logrado por lo que no supondría coste añadido para las maltrechas arcas públicas.
La centralización de los contratos públicos de suministros que se ha puesto en marcha recientemente, yendo en la buena dirección, no deja de ser sólo uno de los aspectos que podría redundar en un menor coste para el ciudadano. Además, esta centralización debe tener también una dimensión óptima para que sea operativa y no acabe generando problemas de parálisis por los diferentes perfiles de compra de los diversos entes públicos cuyas compras se acaban centralizando.
Como ya hemos apuntado en esta misma revista, comprar hoy día no es fácil. Comprar luz, teléfono, gas, limpieza, seguridad, mantenimientos, etc. en mercados crecientemente competitivos es complicado, como lo pone de manifiesto que todas las grandes empresas de este país tengan departamentos de compras plagados de personal altamente cualificado que pelean hasta el último euro a sabiendas de que un euro ahorrado es un euro ganado. A pesar de los avances en la regulación tanto europea como española lo cierto es que las compras públicas no se han modernizado al mismo ritmo que el resto de la economía española y ha llegado el momento de hacer algo porque la sangría empieza a ser inasumible.
